Es un hecho evidente y demostrable que la implantación del sistema de gestión conocido como Project Management en los países anglosajones y traducido en España como dirección integrada de proyectos, está creciendo en los últimos años, lo que conlleva que se hable cada vez mas de su alcance y de sus ventajas e inconvenientes.

Con relación a su alcance, se comenta que los servicios a prestar no son homogéneos y que cada cliente introduce las variantes que considera se adaptan más a su concepto de organización empresarial lo que conlleva cierta confusión. Esto es cierto, aunque también lo es que lo mismo ocurre en otros países con dilatada experiencia en este sistema de gestión y que ello no debe suponer ningún argumento en contra de su aplicación, sino más bien al contrario, ya que esta flexibilidad en el contenido de los servicios supone una aportación positiva en la optimización de la estructura organizativa de una actuación inmobiliaria, en función de las necesidades y criterios de cada Propiedad.

Lo que es esencial es establecer de inmediato una matriz de funciones y responsabilidades de cada miembro de la organización, su dependencia jerárquica y los protocolos de comunicación entre ellos, para evitar situaciones de descoordinación.

A partir de esta definición, en la que debe intervenir la Propiedad, por supuesto, y siempre que sea posible, el Project Manager, no debe existir problema alguno en ampliar o reducir las funciones específicas del Project Management.

Lo importante es que las personas que desempeñan estas funciones tengan una mentalidad empresarial y en consecuencia, un perfil de gestor o gerente, ya que ésta es, a nuestro entender, la función principal del Project Manager, aunque debe venir acompañada por una formación universitaria apropiada, por una demostrada experiencia profesional en el sector y por una disposición de actuar en equipo con el resto de agentes, y especialmente, con la convicción de tratar en todo momento los asuntos con la Propiedad, con total transparencia y honestidad.

No podemos olvidar como concepto básico que el contrato entre la Propiedad y el Project Manager es un contrato de confianza, en el que el Project Manager actúa como parte integrante del equipo de la Propiedad como delegado y gestor responsable de la actuación inmobiliaria ante los demás agentes intervinientes, y con la única misión de defender los intereses de la Propiedad y lograr los objetivos de calidad, precio y plazo previstos.

Por tanto, en este marco de confianza, es normal que cada cliente quiera adaptar los servicios solicitados a sus necesidades y experiencias propias, por lo que hay casos en los que solicita al mismo equipo la redacción del Proyecto Ejecutivo, la Dirección Ejecutiva de Arquitecto Técnico o la Coordinación de Seguridad y Salud o incluso, la asunción de las responsabilidades de Contratista general, bajo las modalidades recientes de Managing Contracting y Precio Máximo Garantizado. Si bien es cierto que en cualquiera de estos casos el Project Manager es juez y parte, ya que defiende no solamente a la Propiedad sino también sus propios intereses, y esto, no hay duda, choca con el concepto básico anteriormente señalado, prevalece en estos supuestos, para estas Propiedades, la relación de confianza, que induce a la Propiedad a que el Project Manager acepte mayores responsabilidades e incluso riesgos económicos que las que corresponden estrictamente a sus servicios básicos.

En tales casos, las empresas de Project Management que disponen de equipos propios de Proyectos y Dirección de Obras (Ingenierías), aportan un valor añadido, ya que pueden realizar estos servicios adicionales, con plenas garantías.